Una embarcación que transportaba venezolanos la semana pasada y que desesperadamente buscan mejores oportunidades fuera del país sudamericano, fue interceptada por la Guardia Costera de Trinidad y Tobago cuando ingresaba a su territorio marítimo. Según las autoridades caribeñas, una madre y su bebé resultaron heridos durante el incidente. La mujer fue llevada a un centro de salud, pero el bebé murió trágicamente.
Este incidente destaca la difícil situación que enfrentan las personas en el país del llamado “socialismo del siglo XXI” que prefieren efectuar estos viajes desesperados y peligrosos a continuar viviendo en el “paraíso socialista”.
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La directora regional de UNICEF para América Latina y el Caribe, Jean Gough, reiteró que “ningún niño migrante debería morir jamás, ya sea viajando con sus padres o solo. Ninguna madre quiere poner en riesgo la vida de sus hijos en un pequeño barco en alta mar, a menos que no tenga otra opción”.
Según la ONU, en ausencia de suficientes vías seguras, muchos refugiados y migrantes venezolanos se ven obligados a recurrir a cruces marítimos y terrestres riesgosos. Estos se han vuelto aún más complejos a medida que las restricciones de viaje y de salud limitan los caminos formales para el reasentamiento y recordó que “los Estados como parte de la Convención Universal sobre los Derechos del Niño deben salvaguardar los derechos de todos los niños en su territorio, independientemente de su nacionalidad o condición”.
Según datos recientes de organismos como, ACNUR, OIM, ACNUDH y UNICEF dos de cada tres venezolanos ahora en movimiento son mujeres y niños algo que contrasta con la casi omnipresencia de contenido en redes sociales de los llamados “influencers” venezolanos y extranjeros que muestran las “bondades” de la nueva Venezuela de Maduro y la expresión “Venezuela se arregló”.
Por su parte las autoridades de Trinidad y Tobago en cabeza de su primer ministro Keith Rowley (político de centro-izquierda) ha rechazado que se califique como un asesinato la muerte del bebé venezolano luego que la Guardia Costera disparara en contra de un bote con más de 30 migrantes, pues a su juicio, la acción fue “legal y apropiada” y “fue una acción para defender a Trinidad y Tobago”.
En diciembre pasado, ACNUR y la OIM lanzaron un llamamiento conjunto por $1790 millones para financiar un plan regional para apoyar las crecientes necesidades de los refugiados y migrantes de Venezuela y sus comunidades de acogida en 17 países de América Latina y el Caribe (incluyendo Trinidad y Tobago) como forma de “controlar” la situación y disminuir tensiones en la región y evitar escenarios xenófobos hacia la población venezolana en estos países de acogida.
El éxodo venezolano se ha convertido en el mayor desafío humanitario del continente con mas de 7 millones de personas (según el sociólogo y coordinador del Observatorio de la Diáspora Venezolana, Tomás Páez Bravo) algo que no se ha detenido desde la implantación de la revolución Bolivariana en el país y que solo en Trinidad y Tobago se refleja en al menos 40.000 venezolanos que viven allí, muchos de los cuales llegaron en pequeñas embarcaciones como esta donde viajaba el infante fallecido.
La situación de la diáspora venezolana es un reflejo de la descomposición política, económica y social que ha ocurrido en la otrora rica nación petrolera latinoamericana, la cual ha visto como en los últimos 23 años desde la llegada al poder de fallecido presidente Hugo Rafael Chávez Frías ha pasado de convertirse de una nación de acogida de inmigrantes a ser la principal fuente de refugiados en el continente y con un índice de pobreza del 94.5% de su población (según datos ENCOVI 2021).
BY Digital Dominium
Sources : proyectoencovi.com , Reuters , UNICEF, avozdacidade
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