Los controvertidos debates sobre el uso de armas de fuego por parte de civiles en todo el mundo siempre han sido un punto disruptivo en muchas sociedades.
Cada vez son más las personas que buscan la manera de armarse legal o ilegalmente, esto solo tiene una explicación, el nuevo mundo que se nos presenta es cada vez menos seguro, es cada vez más contradictorio, confuso en sí mismo y por lo tanto trae consigo una gran inseguridad en todos los niveles de la vida de un ciudadano común.
Los países donde existen gobiernos con tendencia autoritaria, entendidos como dictaduras, regímenes despóticos, autocracias, tiranías, etc. Siempre buscarán la manera de impedir que sus ciudadanos tengan la posibilidad legal de armarse. Es obvio que un hombre o una mujer legalmente armado buscaría defender su vida, la de su familia y su propiedad. Elementos constantemente amenazados en sistemas autoritarios.
Según el Diccionario Panhispánico del Español Jurídico, la legítima defensa es una causa de justificación que ampara a quienes actúan impidiendo o repeliendo una agresión ilegítima y actual contra sus bienes jurídicos o los de un tercero, es decir, en defensa de los mismo, y con ello también del derecho agredido, en forma racionalmente necesaria.
El derecho a la legítima defensa surge con el derecho romano, donde fue concebido como un derecho individual originario, se limitaba a la defensa de la vida e integridad física de las personas. En el derecho germánico se basa en una defensa colectiva del ordenamiento jurídico, es decir, defendiendo al individuo de ataques injustificados se defiende el ordenamiento jurídico en general.
En el caso de Venezuela, esta definición de legítima defensa es vaga y deja algunos vacíos en el mismo Código Penal Venezolano, en su Artículo 65.
El tema concerniente a las armas de fuego es uno de los temas que deriva de la legítima defensa, como un precepto del derecho casi universal.
No obstante, antes que nada, sería bueno aclarar algunos conceptos para facilitar la comprensión de este análisis.
¿Cuál es la diferencia entre tenencia y porte de armas?
Se entiende por tenencia de armas, su posesión dentro del bien inmueble o domicilio registrado en el correspondiente permiso de arma, así como el de sus municiones para defensa personal.
Se entiende por portación de armas, el poder salir a la calle y desplazarse con el arma en condiciones de uso inmediato, bajo el resguardo respectivo.
El derecho al porte y tenencia de armas de fuego a los ciudadanos estadounidenses está consagrado en la propia Constitución Nacional de los Estados Unidos, descrita en su Segunda Enmienda, la cual fue propuesta el 25 de septiembre de 1789 y aprobada el 15 de diciembre de 1791, protegiendo el derecho del pueblo estadounidense a la tenencia y porte de armas de fuego.
Estados Unidos es uno de los países con menores limitaciones para adquirir y portar armas de fuego. Es parte de la llamada Bill of Rights o Carta de Derechos estadounidense.
La Corte Suprema de los Estados Unidos ha aclarado en numerosas ocasiones el texto constitucional: ha afirmado que el derecho a portar armas es un derecho individual que tienen todos los estadounidenses, pero también ha declarado que el derecho no es ilimitado y que no prohíbe la regulación de la producción y compra de armas de fuego o de dispositivos similares.
La Segunda Enmienda establece que ni el gobierno federal de los Estados Unidos ni los gobiernos estatales y locales pueden infringir el derecho a portar armas.
En el caso de Canadá es totalmente diferente, ya que es el Gobierno canadiense el que tiene la potestad de otorgar o no a sus ciudadanos el permiso de tenencia (en el caso de pistolas y revólveres) o el permiso de portación (en el caso de rifles y escopetas).
Si bien no es imposible tener un arma en Canadá, los requisitos para la adquisición de un arma de fuego son cada vez más exigentes.
En el caso canadiense, cuando de un ciudadano se trata la ley concibe las armas de fuego para fines o usos deportivos y de caza únicamente (como rifles y escopetas) pero no para la legitima defensa.
De hecho, el Gobierno Liberal de Justin Trudeau en dos oportunidades ha elaborados leyes cada vez más restrictivas para la obtención de armas, incluso yendo hasta el ordenar confiscaciones masivas para los tenedores de armas legalmente adquiridas, diseñar leyes para congelar cualquier tipo de comercialización de armas de fuego con el fin último de ilegalizarlas paulatinamente.
Proyectos de leyes como: Ley C-21 o Ley C-71 la cual afecta a casi los 2.2 millones de hombres y mujeres con Licencia de Posesión y Adquisición de armas de fuego (PAL) autorizada por la policía federal de Canadá (RCMP), en cuanto a la comercialización de armas entre tenedores o portadores legales de armas.
Leyes que a fin de cuentas resultan inútiles al ver un crecimiento en los actos delictivos con armas de fuego entre nuevas pandillas y grupos delincuenciales los cuales han adquirido estas armas ilegalmente producto del cada vez mayor tráfico de armas a través de las fronteras con los Estados Unidos.
Recordemos el dramático caso venezolano, pues desde 2018 se aprobó la Ley Desarme, una nefasta ley que ataca directamente el legítimo derecho a la defensa, negando a ciudadanos legalmente armados la posibilidad de defenderse ante la creciente delincuencia en Venezuela, quitándoles esta posibilidad legal de defensa a los ciudadanos.
By: Ing. Carlos Socorro
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